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Transfer Pricing (Precios de Transferencia) in Chile

Written by Karem Duffoo, Senior Tax and Corporate Lawyer

De acuerdo con la OCDE, los precios de transferencia (PT) son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes físicos, propiedad intangible, o provee servicios a empresas asociadas. According to the OECD, transfer pricing (TP) are the prices at which a company transfers physical assets, intangible property, or provides services to associated companies.

 

La definición de precios de transferencia supone operaciones transfronterizas, esto significa, cualquier operación que se celebre entre un contribuyente domiciliado, residente o establecido en Chile, con otra u otras partes relacionadas, que no se encuentren domiciliadas o residentes en Chile.

En la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) los PT se define como; “se entenderá por precios, valores o rentabilidades normales de mercado los que hayan o habrían acordado u obtenido partes independientes en operaciones y circunstancias comparables, considerando por ejemplo, las características de los mercados relevantes, las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y cualquier otra circunstancia razonablemente relevante.”

Para comprender que se entiende por partes relacionadas en materia de PT, debemos recurrir a la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), la cual contempla distintos casos, como por ejemplo: i) cuando una de las partes participe directa o indirectamente en la dirección, control, capital, utilidades o ingresos de la otra; ii) cuando las operaciones sean realizadas entre una agencia, sucursal, o cualquier otra forma de establecimiento permanente con su casa matriz; iii) en operaciones que se lleven a cabo con partes residentes, domiciliadas, establecidas o constituidas en un país, territorio o jurisdicción que tenga un régimen fiscal preferencial conforme al art. 41H de la LIR, salvo que dicho país suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante; iv) las personas naturales cuando entre ellas sean cónyuges o exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive, etc.

The definition of transfer pricing involves cross-border transactions, i.e. any transaction between a taxpayer domiciled, resident or established in Chile, and one or more other related parties, which are not domiciled or resident in Chile.

In the Income Tax Law (LIR), TP is defined as: “ normal market prices, securities, or returns defined as those that have or would have been agreed or obtained by independent parties in comparable operations and circumstances, considering, for example, the characteristics of the relevant markets, the functions assumed by the parties, the specific characteristics of the goods or services contracted and any other reasonably relevant circumstance”.

In order to understand what is meant by related parties in terms of TP, we must refer to the Income Tax Law (ITL), which contemplates different cases, such as for example: (i) when one of the parties is directly or indirectly involved in the management, control, capital, profits or income of the other; (ii) when the transactions are carried out between an agency, branch or any other form of permanent establishment and its head office; (iii) in transactions with parties resident, domiciled, established or incorporated in a country, territory or jurisdiction having a preferential tax treatment in accordance with Art. 41H of the ITL, unless said country signs an agreement with Chile that allows for the exchange of relevant information; iv) individuals when they are married or are related by consanguinity or affinity up to and including the fourth degree, etc.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de acuerdo con la LIR, art. 41 E podrá impugnar los precios, valores o rentabilidades declarados por los contribuyentes en las operaciones transfronterizas indicadas y fijar los valores normales de mercado conforme a los procedimientos y metodologías establecidos en la Ley. Asimismo, y conforme a la última reforma tributaria en esta materia, en reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios entre un contribuyente chileno y su contraparte relacionada en el extranjero, el SII también puede impugnar los precios, valores o rentabilidades fijadas o establecerlas de no haberse fijado.

Debemos precisar que lo que se busca en materia de PT es regular los precios, valores o rentabilidades “que no se ajustan a valores de mercado” en ciertas operaciones celebradas por contribuyentes domiciliados o residentes o establecidos en Chile con partes relacionadas en el extranjero. Lo anterior, basado en las Directrices de la OCDE que busca proteger a sus países miembros toda vez que al existir dos partes, de jurisdicciones tributarias diferentes, al no negociar en forma libre un precio (el precio no es de mercado), se produce un perjuicio o daño fiscal, o bien, un menor ingreso, según corresponda, que incidirá en una menor recaudación de impuestos. Las partes relacionadas en la operación transfronteriza no pueden determinar libremente el precio, al no existir entre ellas una oposición de intereses. El principio fundamental y que rige en materia de PT es el principio de plena competencia o principio Arm´s Length. Este principio es el que hubiera regido en una relación entre partes independientes en circunstancias similares.

El SII para impugnar los PT deberá citar al contribuyente conforme a las normas de la LIR y utilizará alguno de los siguientes métodos: i) Precio comparable no controlado; ii) Precio de reventa; iii) Costo más margen; iv) División de utilidades; v) Transaccional de Márgenes Netos; vi) Métodos residuales, éste último sólo se aplicará en caso que ninguno de los anteriores sea aplicable.

Por otro lado, la LIR ha establecido ciertas obligaciones a las cuales deberán sujetarse los contribuyentes domiciliados, residentes o establecidos en Chile que realicen operaciones con partes relacionadas, incluidas las reorganizaciones o reestructuraciones empresariales indicadas en la ley, quienes deberán anualmente presentar la declaración jurada Nº1970 sobre PT. Para ello, deberán cumplir con ciertos requisitos; los contribuyentes deben pertenecer al segmento de medianas o grandes empresas; o aquellos que, sin estar comprendidos en dicho segmento, hayan realizado operaciones con partes relacionadas sin domicilio o residencia en Chile por montos superiores a quinientos millones de pesos, o su equivalente según paridad cambiaria; o, aquellos que sin estar comprendidos en el segmento señalado tengan operaciones con personas domiciliadas o residentes en un país o en territorios considerados como paraísos fiscales o de regímenes fiscales preferenciales nocivos por la OCDE.

Asimismo, y con el objeto de cumplir con una de las acciones del proyecto BEPS, llamado así por sus siglas en inglés, proyecto que busca  combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, el SII estableció la obligación de los contribuyentes de presentar otra declaración jurada que complementa la información contenida en la DJ anterior, denominada “Reporte País por País”, contenida en el Formulario 1937 del SII. Esta última DJ es obligatoria para los contribuyentes que sean considerados entidades matrices o controladoras de los grupos de empresas multinacionales conforme se regula en la Resolución Ex. Nº 126 del SII del 2016 y sus anexos. El plazo para presentar ambas DJ es el último día hábil del mes de junio de cada año.

Finalmente podemos señalar que existe un mecanismo que permite a los contribuyentes proponer al SII un acuerdo anticipado en cuanto a la determinación del precio, valor o rentabilidad normal de mercado de las operaciones transfronterizas con partes relacionadas, que son los llamados “Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia” o también conocidos como APA, según sus siglas en inglés, los cuales deben cumplir con los requisitos de solicitud conforme al procedimiento estipulado en la ley acompañados de un Informe o estudio de precios de transferencia en el cual se hayan aplicado alguno de los métodos antes referidos.

Conclusión: Las operaciones transfronterizas entre partes relacionadas deben considerar fijar sus precios, valores o rentabilidades acordes con los precios de mercado inspirados en el principio Arm´s Length. No basta con documentar las operaciones a través de contratos firmados entre las partes relacionadas, es importante que los precios fijados en dichos contratos sean de mercado, o precios que hubiesen acordados partes independientes en operaciones similares y bajo circunstancias comparables. Para probar que se fijó un precio o valor de mercado, existen ciertas operaciones que tienen un mercado objetivo que sirve de referencia, y en ese que caso, el SII mayormente no objetará dichos valores. Sin embargo, en otras operaciones más complejas o que pueden ser más subjetivas por ser entre partes no independientes, el SII puede impugnar los valores de ellas y en cuyo caso, es importante considerar el “Estudio o Informe de Precios de Transferencia” para contar con una buena defensa ante una fiscalización del SII. Este informe debiera reflejar lo que un tercero independiente hubiese pactado como valor, precio o rentabilidad en una operación transfronteriza de características y bajo condiciones similares.

El SII mediante Res. Ex. N°68 de 2013 ha impartido instrucciones sobre el contenido del Estudio o Informe sobre PT para los fines de la solicitud de una APA, parámetros que deben considerarse ante la necesidad de contar con un informe de esta naturaleza frente a una revisión de la autoridad fiscal.

Asimismo, es aconsejable, estudiar la posibilidad de suscribir un APA con el SII para operaciones que involucren elevados valores o que puedan estar al límite de lo que se considera un precio de mercado o en igualdad de condiciones.

Por último, los contribuyentes que estén obligados a presentar las DJ referidas deberán hacerlo dentro de plazo estipulado en la ley, o bien en el plazo concedido si se solicita una prórroga para ello, y acompañar la información respectiva, bajo sanción de multa aplicada por el SII, cuyo valor puede ascender entre 10 a 50 UTA (Unidades Tributarias Anuales), aprox. $800 y $4400USD. Multa que puede elevarse si la declaración fue maliciosamente falsa, aplicándose una multa del 50% al 300% del valor del tributo eludido.

No debemos olvidar, que el SII siempre podrá impugnar los precios, valores o rentabilidades dentro de los plazos de prescripción que contempla la ley, los que pueden ir hasta los 6 años de acuerdo con el artículo 200 del Código Tributario.

 

The Internal Revenue Service (SII), in accordance with Article 41 E of the ITL, may challenge the prices, securities or returns declared by taxpayers in the cross-border transactions indicated and establish normal market values in accordance with the procedures and methodologies established by law. Likewise, and in accordance with the latest tax reform in this area, business reorganizations or restructurings between a Chilean taxpayer and its related counterpart abroad, the SII may also challenge the prices, securities, or returns set by the companies or establish them if they were not set.

We must specify that what is sought in the area of TP is to regulate prices, securities or returns “that do not conform to market values” in certain transactions entered into by taxpayers domiciled or resident or established in Chile with related parties abroad. The above is based on the OECD Guidelines which seek to protect their member countries since two parties, from different tax jurisdictions, do not freely negotiate a price (the price is not a market price), resulting in tax damage or damage, or lower income, as applicable, which will have an impact on lower tax collection. The related parties involved in the cross-border transaction are not free to determine the price, as there is no conflict of interest between them. The guiding principle that governs the TP is the principle of full competition or Arm´s Length. This principle would have governed a relationship between independent parties in similar circumstances.

In order for the SII to challenge the TP, must summon the taxpayer according to the rules of the ITL and will use one of the following methods: i) Comparable uncontrolled price; ii) Resale price; iii) Cost plus margin; iv) Profit division; v) Net margin trading; vi) Residual methods. The latter will only be applied in case none of the previous methods is applicable.

On the other hand, the LIR has established certain obligations to which taxpayers domiciled, resident or established in Chile that carries out operations with related parties, including the corporate reorganizations or restructurings indicated in the law, must submit annually the affidavit (AF) Nº. 1970 on TP. In order to do so, they must meet certain requirements; taxpayers must belong to the medium or large companies segment; or those who, without being included in said segment, have carried out transactions with related parties with no domicile or residence in Chile for amounts exceeding five hundred million pesos, or their equivalent according to the exchange rate; or those who, without being included in the aforementioned segment, have transactions with persons domiciled or resident in a country or territories considered as tax havens or in preferential tax regimes that are harmful by the OECD.

In addition, and in order to comply with one of the actions of the BEPS project, which seeks to combat the erosion of the tax base and the transfer of profits, the SII established the obligation for taxpayers to submit another affidavit that complements the information contained in the previous AF, called “Country by Country Report”, contained in Form 1937 of the SII. The latter AF is mandatory for taxpayers who are considered a parent or controlling entity of multinational enterprise groups as regulated in Resolution Ex. Nº 126 of the SII of 2016 and its annexes. The deadline for submitting both AF is the last business day of June each year.

Finally, there is a mechanism that allows taxpayers to propose to the SII an advance agreement regarding the determination of the price, value or normal market return of cross-border transactions with related parties, which are the so-called “Advanced Transfer Pricing Agreements” or “APAs”, which must comply with the requirements for application in accordance with the procedure stipulated in the law, accompanied by a Transfer Pricing Report or study in which any of the aforementioned methods have been applied.

Conclusion: Cross-border transactions between related parties should consider setting their prices, securities or returns in line with market prices inspired by the Arm´s Length Principle. It is not enough to document the transactions through contracts signed between the related parties, it is important that the prices fixed in such contracts are market prices or prices that would have been agreed by independent parties in similar transactions and under comparable circumstances. To prove that a price or market value has been fixed, there are certain transactions that have a target market as a reference, and in that case, the SII will not object to those prices or market values for the most part. However, in other operations that are more complex or that may be more subjective because they are between non-independent parties, the SII may impugn their values and in which case, it is important to consider the “Transfer Pricing Study or Report” to have a good defense against an oversight of the SII. This report should reflect what an independent third party has agreed as value, price or returns in a cross-border transaction with similar characteristics and under similar conditions.

The SII, through Resolution Ex. Nº 68 of 2013, has issued instructions on the contents of the Study or Report on TP for the purpose of requesting an APA, parameters that should be considered in the event of a review by the tax authority.

It is also recommended to consider the possibility of entering into an APA with the SII for transactions involving high values or which may be at the limit of what is considered a market price or on equal terms.

Finally, taxpayers who are required to submit the referred AF must do so within the term stipulated by law, or within the term granted if an extension is requested, and must accompany the respective information, under penalty of a fine applied by the SII, which may range from 10 to 50 UTA (Annual Tax Units), around USD$800 and USD$4400. This fine can be increased if the declaration was considered maliciously false, with a fine of 50% to 300% of the value of the avoided tax.

We must not forget that the SII may always challenge prices, values or returns within the periods of prescription contemplated by law, which may be up to 6 years in accordance with Article 200 of the Tax Code.

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